La justicia y sus incentivos perversos: sobrecriminalización e impunidad como productos de un equilibrio institucional disfuncional en Bolivia
DOI:
https://doi.org/10.35319/lawreview.202619145Palabras clave:
Mercantilismo judicial, institucionalismo contemporáneo, corrupción, reglas del juego, extractivismo judicial, rendición de cuentasResumen
El sistema de justicia penal boliviano, configurado constitucionalmente desde 2009 bajo principios garantistas, inclusivos e igualitarios, enfrenta una crisis expresada en dos fenómenos aparentemente contradictorios: la sobrecriminalización sistemática e impunidad estructural. Los diagnósticos predominantes han explicado esta crisis principalmente a partir de la instrumentalización política de la justicia, la debilidad institucional o la insuficiencia de recursos, sin examinar de manera suficiente los incentivos que condicionan el comportamiento de los operadores judiciales. El presente artículo adopta un enfoque basado en el institucionalismo contemporáneo y sus vertientes teóricas aplicadas al análisis del derecho y sus instituciones. Desde esta perspectiva, se hipotetiza anomalías aisladas, sino como resultados previsibles de un diseño institucional caracterizado por amplios márgenes de discrecionalidad, escasa rendición de cuentas y fuertes asimetrías de información entre ciudadanos y operadores judiciales. En este contexto, tanto las normas sustantivas como las procesales podrían ser utilizadas estratégicamente para la obtención de beneficios económicos, políticos o corporativos, reproduciendo dinámicas de captura institucional y debilitando la efectividad real de las garantías constitucionales. Sobre esta base, el trabajo desarrolla el concepto de “mercantilismo judicial” como categoría explicativa de la coexistencia entre estos dos fenómenos de injusticia. Finalmente, se sostiene que las reformas centradas exclusivamente en la modificación normativa resultan insuficientes si no incorporan mecanismos orientados a reconfigurar los incentivos institucionales y fortalecer la responsabilidad efectiva de los operadores del sistema de justicia.
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