Revista de Derecho de la UCB

Presentación

2026-10-25T07:08:47-04:00

La Revista de Derecho de la Universidad Católica Boliviana – UCB Law Review presenta esta edición sobre reformas normativas y constitucionales en Bolivia: diagnósticos críticos y propuestas jurídicas para un nuevo diseño institucional, que reúne investigaciones dedicadas a examinar algunos de los principales desafíos del ordenamiento jurídico boliviano. Los trabajos que integran este número comparten una preocupación central: comprender cómo las normas, las instituciones y los mecanismos de aplicación del Derecho inciden en la calidad de la democracia, la protección de los derechos fundamentales, el funcionamiento de la justicia y las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social boliviano.

Reforma del diseño económico en la Constitución boliviana. Límites al poder para la prosperidad

2026-10-06T17:08:10-04:00

Bolivia atraviesa una crisis económica marcada por un profundo desequilibrio fiscal, presiones inflacionarias inéditas en dos décadas, escasez de divisas, contracción del producto y pérdida de dinamismo productivo. Este artículo examina la relación entre el diseño constitucional de la economía y las condiciones institucionales que inciden en el desempeño económico, evitando atribuir la crisis a una causa única. Se sostiene que la Constitución de 2009 configuró un marco que amplía las facultades estatales de planificación, dirección, regulación y participación directa en la economía, generando, junto a factores normativos e institucionales, incentivos que desalientan la iniciativa privada. A partir de la economía clásica, el monetarismo, la economía institucional y la economía constitucional, se propone una reforma del constitucionalismo económico boliviano orientada a fortalecer la libertad económica, la propiedad privada, la seguridad jurídica, la competencia y la autonomía monetaria. La propuesta distingue reformas constitucionales, legislativas, institucionales y administrativas, sustituyendo la conducción estatal de la economía por límites efectivos al poder, igualdad ante la ley y un Estado subsidiario y garante. Se concluye que la prosperidad depende de instituciones que permitan coordinar decisiones, invertir, emprender e innovar dentro de reglas estables.

Justicia constitucional deliberativa en Bolivia y propuestas para su fortalecimiento institucional

2026-10-07T12:05:58-04:00

El artículo analiza la legitimidad de ejercicio de la jurisdicción constitucional boliviana mediante una matriz deliberativa orientada a la trazabilidad del poder interpretativo. Con metodología jurídica cualitativa y selección intencional de controversias entre 2012 y 2025, se estudian tres bloques: elecciones judiciales, evolución del precedente sobre límites de mandato y pluralismo jurídico. La matriz distingue justificación, evolución jurisprudencial, reciprocidad, remedio, independencia e interculturalidad y se aplica mediante evidencia verificable de las resoluciones. Los resultados muestran capacidades normativas significativas, pero también déficits o ambivalencias en la justificación de remedios de alto impacto, la identificación del precedente vigente, la respuesta a razones interorgánicas y la incorporación argumentativa de normas propias. Se proponen mecanismos graduales (jurisprudenciales, institucionales y procesales) antes de considerar reformas constitucionales.

Justicia Constitucional o Jurisdicción Constitucional. Sobre la necesaria autorrevisión o reconsideración de las resoluciones de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional

2026-10-07T12:08:25-04:00

El 3 de diciembre de 2017 fueron electos nueve magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyo mandato constitucional de seis años debió concluir en diciembre de 2023; sin embargo, por las circunstancias políticas y judiciales del último año de su mandato, los miembros de la mencionada alta corte dispusieron la excepcional prorrogación de sus mandatos hasta que se pudiera concretar la preselección de candidatos y los respectivos comicios judiciales. Lo decidido fue de alta resonancia, dado que permitió que los magistrados “autoprorrogados” permanecieran en sus cargos hasta noviembre de 2025; pero sus ramificaciones no han sido suficientemente caviladas, especialmente respecto de la validez y conservación de los efectos de las resoluciones de ese período. En virtud a lo explanado, la presente investigación tiene por telos exponer una cohorte de premisas que justifiquen la imperiosa necesidad de proceder con la “autorrevisión” o “reconsideración” de las resoluciones suscritas por los magistrados autoprorrogados, cuando estas hubieren conculcado los principios de independencia e imparcialidad y/o vulnerado el contenido esencial de derechos fundamentales; superando las restricciones formales del postulado de la cosa juzgada en aras de satisfacer las exigencias materiales de justicia constitucional antes que las exigencias formales de jurisdicción constitucional.

La dignidad humana como fundamento normativo de la decisión judicial. Estudio de su operatividad en sistemas principialistas y garantistas

2026-10-07T12:10:55-04:00

Este artículo analiza la dignidad humana como fundamento normativo de la decisión judicial y su operatividad en modelos principialistas y garantistas. Mediante un enfoque cualitativo, examina una muestra intencional de máxima variación integrada por las SCP 1624/2013, 0076/2017 y 2007/2013, así como por la Sentencia T-881/02 de la Corte Constitucional de Colombia, empleada como parámetro comparado. El análisis aplica un protocolo orientado a identificar los hechos relevantes, las mediaciones normativas, la consecuencia jurídica y la incidencia de la dignidad en cada decisión. Los resultados distinguen tres formas de intervención: fundamento decisorio, criterio interpretativo y argumento complementario. Desde una lectura garantista, se proponen criterios dirigidos a mejorar la motivación judicial, la identificación de la ratio decidendi y el uso institucional del precedente constitucional, dentro de los límites exploratorios del corpus examinado.

El laberinto de la imparcialidad: política frente a meritocracia en la selección de vocales electorales en Bolivia (2025-2031)

2026-10-07T12:13:59-04:00

Este artículo analiza la tensión entre el rigor técnico-meritocrático y la discrecionalidad partidaria en la preselección y designación de autoridades del Órgano Electoral Plurinacional en Bolivia, centrándose en la renovación del Tribunal Supremo Electoral para el sexenio 2025-2031. A través de un diseño dogmático-jurídico e institucional de carácter cualitativo, complementado con un análisis descriptivo de datos primarios, se evalúa cómo la calificación cuantitativa de méritos regulada en las Leyes N.° 018 y N.° 1701 sufre una pérdida de eficacia vinculante en la fase de votación parlamentaria. El estudio conceptualiza el “embudo inverso” como una categoría analítica verificable que describe la desvinculación formal entre el ranking meritocrático de preselección y la probabilidad de investidura legislativa en escenarios de votación por dos tercios bajo alta fragmentación de bancadas. Se examinan las consecuencias de la supresión de las evaluaciones orales cualitativas y la desarticulación procedimental respecto al artículo 206 de la Constitución Política del Estado. A partir de un contraste comparado con México y Uruguay, el trabajo concluye formulando una matriz de reformas normativas orientadas a dotar de fuerza limitativa a la preselección técnica, externalizar la evaluación a través de comités independientes y fortalecer la transparencia institucional, garantizando la viabilidad constitucional y el debido proceso de las postulaciones.

La justicia y sus incentivos perversos: sobrecriminalización e impunidad como productos de un equilibrio institucional disfuncional en Bolivia

2026-10-07T12:18:18-04:00

El sistema de justicia penal boliviano, configurado constitucionalmente desde 2009 bajo principios garantistas, inclusivos e igualitarios, enfrenta una crisis expresada en dos fenómenos aparentemente contradictorios: la sobrecriminalización sistemática e impunidad estructural. Los diagnósticos predominantes han explicado esta crisis principalmente a partir de la instrumentalización política de la justicia, la debilidad institucional o la insuficiencia de recursos, sin examinar de manera suficiente los incentivos que condicionan el comportamiento de los operadores judiciales. El presente artículo adopta un enfoque basado en el institucionalismo contemporáneo y sus vertientes teóricas aplicadas al análisis del derecho y sus instituciones. Desde esta perspectiva, se hipotetiza anomalías aisladas, sino como resultados previsibles de un diseño institucional caracterizado por amplios márgenes de discrecionalidad, escasa rendición de cuentas y fuertes asimetrías de información entre ciudadanos y operadores judiciales. En este contexto, tanto las normas sustantivas como las procesales podrían ser utilizadas estratégicamente para la obtención de beneficios económicos, políticos o corporativos, reproduciendo dinámicas de captura institucional y debilitando la efectividad real de las garantías constitucionales. Sobre esta base, el trabajo desarrolla el concepto de “mercantilismo judicial” como categoría explicativa de la coexistencia entre estos dos fenómenos de injusticia. Finalmente, se sostiene que las reformas centradas exclusivamente en la modificación normativa resultan insuficientes si no incorporan mecanismos orientados a reconfigurar los incentivos institucionales y fortalecer la responsabilidad efectiva de los operadores del sistema de justicia.

Articulación normativa del orden público y límites al ejercicio de la fuerza policial en Bolivia: propuestas para el desarrollo del artículo 251 de la Constitución

2026-10-07T12:20:21-04:00

El artículo examina el desarrollo normativo e institucional de la misión policial prevista en el artículo 251.I de la Constitución boliviana. Mediante un diseño cualitativo jurídico-documental, contrasta normas, jurisprudencia, estándares internacionales, cinco conflictos o ciclos de conflictividad de 2019–2026 e instrumentos de Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. Los resultados distinguen habilitaciones legales específicas, atribuciones generales y reglas administrativas de ejecución. La brecha identificadade dispersión colectiva y su articulación con los instrumentos operativos. La evidencia institucional se clasifica en hallazgos acreditados, inferencias razonables y aspectos no verificables; no permite atribuir los resultados de todos los conflictos a una causa uniforme. Se propone desarrollar las condiciones esenciales y garantías mediante ley, la coordinación mediante reglamentos y las técnicas mediante manuales subordinados, con trazabilidad, protección de datos y revisión independiente. El análisis respalda la suficiencia del artículo 251.I como fundamento competencial, sin equipararla con autorización directa para restringir derechos ni justificar una reforma constitucional inmediata.